Las sociedades desde antiguo percibieron, en el ejercicio de ciertas profesiones, que su conocimiento y aplicación podían generar el bien común, una riqueza social de la mayor estima. Para tal efecto se hizo indispensable, desde luego, la preparación intelectual del hombre que ejercía una labor, sobre todo de aquellas con un valor que consideraron superior a las demás actividades y oficios.
En un principio los profesionales eran prácticos; sus estudios o funciones las realizaban en forma autodidacta y, en algunos casos, abarcaban diversos campos del saber. Leonardo Da Vinci, por ejemplo, se desempeñó como pintor, escultor, constructor e inventor. En América al inicio de la Colonia, muchas veces las circunstancias orillaban a un simple peluquero o barbero a convertirse en dentista, en ocasiones en químico y hasta en médico y cirujano. Sin embargo, con el paso del tiempo, fue necesaria la creación de planes de estudio metódicos y especializados que permitieran a los estudiantes acreditar sus conocimientos y recibir así el correspondiente título profesional. Una de las primeras ciencias en enfrentar tal problemática fue la medicina, cuyo ejercicio adquirió mayor notoriedad y reconocimiento al establecerse una institución denominada “Protomedicato”, encargada de constatar la preparación de quienes se dedicaban a esa actividad.
En la Universidad de México, de las carreras profesionales que desde el siglo XVI se impartían en ella, como teología, Sagradas Escrituras, derecho canónico, derecho romano, artes (incluida en ella la medicina), retórica y gramática, ahora se han reducido a las de derecho y medicina. En el caso de la abogacía no era suficiente con haber cursado en dicha institución los estudios respectivos, sino que quien se graduaba apenas había resuelto la mitad de los requisitos para ejercer la profesión, ya que era además imprescindible practicar el derecho mediante su incorporación en un despacho; al final de tal práctica se le sometía a un nuevo examen ante las autoridades judiciales. Así pues, un abogado debía estudiar mucho, pero también ejercer su profesión, razón por la cual el ejercicio de esta actividad se estimaba más valioso que cualquier otro.
Posteriormente, en el siglo XVIII, la Ilustración trajo consigo a los enciclopedistas y humanistas, y fue grande el auge que cobraron los conocimientos de orden práctico, revalorándose las ciencias y los conocimientos de orden práctico, revalorándose ciencias y conocimientos. Ahora bien, dado que entonces no existían conceptos como “investigador de tiempo completo” o “especialista” en tal o cual materia, los profesionales producían cada vez con mayor celeridad y eficiencia el conocimientos científico y técnico necesarios que los nuevos tiempos requerían. Por otro lado, debido a la diversificación de las ciencias, fue menester imponer una regulación a las profesiones. No era para menos; piénsese en el cada vez mayor número de pacientes que depositaban en un médico su confianza, su salud y hasta la propia vida; y por lo que a los abogados concernía, los clientes les encomendaban toda o buena parte de su patrimonio, en que ocasiones incluía el de varias generaciones. Aun hoy, más que nunca, se trata de profesiones que conllevan una gran carga de responsabilidad y para solventarlas se requieren bastante conocimientos.
Por ello, el legislador estipuló las normas más generales de su comportamiento, mismas que deben garantizar al cliente cierto tipo de conducta; es decir, actualmente el profesional tiene la obligación de conocer profundamente su materia, pero también contar con una clara inclinación o vocación que le permita darle seguimiento a su trabajo. Ello implica la forma de ser, de pensar y el modus vivendi de un verdadero profesional.
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